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Femicidio de Lucía Pérez: declaran policías y personal médico en la quinta audiencia

Este martes declararan ante el Tribunal Oral en los Criminal (TOC) 2 de Mar del Plata los oficiales que detuvieron a los imputados y una enfermera que atendió a la víctima.

Femicidio de Lucía Pérez: declaran policías y personal médico en la quinta audiencia

El segundo juicio a los dos acusados de violar y asesinar a Lucía Pérez en la ciudad de Mar del Plata continua con las declaraciones testimoniales de efectivos policiales que participaron en la detención de los imputados y de personal médico de la sala a la que fue trasladada sin vida la adolescente de 16 años, el 8 de octubre de 2016.

En la quinta audiencia del proceso que se puso en marcha el último martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 marplatense, está previsto que sean siete en total los testigos que declararán desde las 9.

Entre ellos, lo harán cinco miembros de la policía bonaerense, algunos de los cuales intervinieron en la detención de Matías Farías, de 29 años, y Juan Pablo Offidani, 47 años, los dos acusados de haber abusado sexualmente y asesinado a la menor de edad. También está prevista la declaración de un testigo de ese procedimiento y de una enfermera que era coordinadora de la sala de salud del barrio Serena, al sur del Faro de Punta Mogotes, donde ambos hombres llevaron sin vida a la adolescente.

Farías y Offidani están imputados por «abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio».

Ambos son juzgados por segunda vez por el hecho, luego de que la Suprema Corte provincial confirmara la anulación de un primer juicio en el que resultaron absueltos por los delitos de femicidio y abuso sexual.

Este nuevo debate se desarrolla sin la presencia de público en el sexto piso de los tribunales locales, y en su inicio, tanto la acusación fiscal, a cargo de Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7, como las abogadas de la familia de Lucía, Verónica Heredia y Florencia Piermarini, sostuvieron la misma imputación para los dos acusados.

Farías está acusado en calidad de autor, mientras que Offidani está imputado como partícipe secundario, aunque la acusación particular consideró que el grado de participación es «necesario».

Tanto la defensa oficial de Farías, a cargo de María Laura Solari, como los abogados particulares de Offidani, César Sivo y Romina Merino, adelantaron por su parte que cuestionarán la existencia del delito.

En medio de cuestionamiento por el enfoque que volvieron a dar los jueces, apuntando contra la víctima, en la primera semana declararon ante los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz los padres de Lucía, Guillermo Pérez y Marta Montero, policías y personal médico que confirmó que la menor llegó sin vida a la sala de primeros auxilios, en la caja de una camioneta, en la que viajaba Farías también en la parte trasera, y que era conducida por Offidani.

También brindaron testimonio dos amigas de ella, y peritos que intervinieron en el análisis de los resultados de la autopsia, quien sostuvieron que la muerte de la joven se produjo como resultado del consumo de cocaína, y aseguraron que no tenía signos de agresión sexual.

El martes se espera, entre otras, la declaración como testigos del director del colegio al que asistía Lucía, de vecinos de Farías y funcionarios policiales.

La muerte de Lucía ocurrió en la mañana del 8 de octubre de 2016, y de acuerdo a la instrucción, había conocido a los acusados un día antes, cuando se acercaron a la Escuela Media 3 local a venderle un cigarrillo de marihuana.

Al día siguiente, Farías llevó a la chica a su casa en Racedo al 4800, donde habría sido drogada y abusada hasta ocasionarle la muerte.

Durante el primer juicio, en noviembre de 2018 ante el TOC 1, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por la venta de drogas en la puerta de la escuela.

Sin embargo, ambos fueron absueltos por el abuso sexual seguido de muerte y el femicidio, pero la sala IV del Tribunal de Casación revocó ambas absoluciones en agosto de 2020, dispuso la «nulidad» del juicio y ordenó la realización de uno nuevo, resolución que fue confirmada un año más tarde por la Corte provincial.

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