El oficialismo aceptó restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros y no logró dictamen para la Ley Malvinas

En una jornada clave en Diputados, un día antes de la sesión convocada por la oposición para derogar el DNU 70/2023, La Libertad Avanza aceptó restablecer los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros para cerrar un acuerdo con sus aliados. Con ese cambio, consiguió dictamen para la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se debatirá en el recinto el 21 de octubre.

La decisión llega después de que la Corte Suprema restituyera de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras, que había sido derogada por el DNU de Javier Milei. En el plenario de Legislación General y Asuntos Constitucionales, el radical Diógenes González propuso sumar dos artículos al proyecto: uno que deroga el artículo 134 del DNU, que había eliminado la ley, y otro que restablece la vigencia de la Ley 26.737. El oficialismo los aceptó.

Con el acuerdo, el Gobierno busca contener a los bloques aliados que rechazan la liberación de la compra de tierras por extranjeros, pero que no quieren acompañar la derogación completa del decreto. La peronista Paula Penacca cuestionó el giro: “Qué manotazo de ahogado que pegaron. Van a reponer una ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Van a retroceder en chancletas?”.

La Ley de Tierras, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden tener más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento, y que ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese cupo. También restringe la compra de campos con grandes cuerpos de agua o en zonas de seguridad de frontera.

En cambio, el oficialismo no consiguió dictamen para la llamada Ley Malvinas, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por Milei, y anunció que le hará modificaciones. Los principales puntos en discusión son el rol del Congreso ante acciones militares, la definición de “infraestructuras críticas” y el artículo 111, que prevé penas de 5 a 12 años para quienes, por cuenta de un Estado o agente extranjero, interfieran en procesos electorales con campañas de desinformación, criticado por su posible impacto en la libertad de expresión.

“Buscamos un dictamen sólido, consensuado y con las mayorías más amplias posibles”, dijo la libertaria Silvana Giudici, que aseguró que ese artículo “se va a acotar” a la injerencia extranjera en elecciones. El aliado Eduardo Falcone, del MID, insiste en que el Congreso autorice las acciones militares, con un esquema similar al de Estados Unidos. La firma del dictamen quedó para la semana próxima.