Crece el escándalo de los sobresueldos en la Armada: el dinero desviado es mayor a los $ 1.000 millones denunciados

El desvío de fondos millonarios del presupuesto de la Armada de la República Argentina (ARA) a cuentas de oficiales y civiles que se enriquecieron con esas transferencias ilegales supera largamente el escándalo conocido públicamente hasta ahora. La justicia federal acaba de iniciar una causa para investigar esta trama de irregularidades financieras. Las actuales autoridades de la ARA denunciaron que estas maniobras no autorizadas habrían movido alrededor de 1.000 millones de pesos, repartidos entre al menos veintitrés integrantes de una red que operó impunemente durante cuatro años o más. Sin embargo, nuevas informaciones revelan que el monto defraudado podría superar los 2.000 millones de pesos, cifra que se actualiza constantemente a medida que surgen más transferencias y nuevos involucrados.

Los sumarios internos impulsados por la cúpula de la Armada generaron un fuerte impacto entre sus jefes: solo siete de los veintitrés sospechosos iniciales habrían cobrado 1.200 millones de pesos en los cuatro años analizados. La denuncia original hablaba de mil millones de pesos y veintitrés implicados, pero las cifras y los nombres vinculados a esta red irregular continúan aumentando. El monto real de la estafa se conocerá en el transcurso de la investigación.

En la justicia, el fiscal Ramiro González impulsa la causa que lleva adelante el juez Sebastián Ramos. Clarín accedió a documentación interna de la ARA y a testimonios de fuentes tanto en actividad como retiradas, que detallan esta compleja trama. Las novedades señalan que el monto desviado es superior a lo que se había estimado, que existen más responsables de los beneficios indebidos y que los pagos ilegales se efectuaron mediante diversas modalidades. No solo participaron marinos en actividad y civiles favorecidos por ellos, sino que también cobraron ingresos indebidos marinos dados de baja y jubilados.

En la documentación interna de la Armada, marcada con el sello “CONFIDENCIAL. MUY URGENTE”, figura que el jefe de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, decidió avanzar en la investigación interna sin importar su resultado. El pacto de silencio que imperaba entre responsables y beneficiarios se quebró, y el clima de incertidumbre y rechazo se instauró entre los involucrados.

Las autoridades de la Armada cuentan con registros de varias confesiones que tienen peso para sanciones disciplinarias, las cuales ya son tramitadas por un Consejo de la Marina destinado a ese propósito. Si la investigación judicial refleja lo investigado en el ámbito administrativo, las condenas serán inevitables.

**Los pagos irregulares de Atanasoff**

El Capitán de Navío Ariel Baltazar Atanasoff, jefe del Departamento Revista, reconoció en su declaración que fue responsable de incorporar manualmente incrementos significativos en los registros bancarios, desvinculados de las liquidaciones oficiales. Argumentó que estos actos tenían por finalidad brindar “apoyos económicos” y favorecer a los involucrados, aunque admitió asimismo la acreditación de pagos a personas ajenas a la Armada, entre ellas su esposa y otros tres civiles.

La admisión de Atanasoff sobre los bajos salarios en la Armada no lo exime de la comisión de delitos, especialmente al haber beneficiado económicamente a su cónyuge y a otras personas sin vínculo oficial con la fuerza.

La esposa de Atanasoff, María del Carmen Prieto, es civil y no figura oficialmente vinculada a la Armada. Sin embargo, hay indicios de que habría recibido dinero, ya que aparece en el Banco Nación vinculada a servicios para la Secretaría de Trabajo y al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En la denuncia original, se indicaba que Prieto había cobrado más de 152 millones de pesos desviados por Atanasoff, pero esta cifra fue actualizada a más de 300 millones.

Situaciones similares afectan a otros civiles involucrados. Natalia Yahia, por ejemplo, se creía que había recibido más de 90 millones de pesos, cuando en realidad le fueron transferidos 161 millones. Amalia Díaz fue denunciada por cobrar más de 91 millones, aunque habría recibido unos 120 millones.

En la documentación también figuran confesiones de otros capitanes de corbeta que trabajaban junto a Atanasoff. Algunos justificaron los cobros adicionales por la necesidad de afrontar deudas, caso del capitán Juan Carlos Barrios. Otros, como Cristian Lobato, admitieron haber recibido más de 70 millones por encima de su sueldo, pero aseguraron haber creído que se trataba de un “error bancario”, versión que no convenció a los investigadores.

Capitanes de corbeta como Gerardo Heredia, Mathias Agustín Pieroni y Anabella Farías presentaron defensas similares, sosteniendo que pensaban que los pagos de más eran errores bancarios. Hasta la divulgación pública del caso, ninguno había emitido declaración alguna al respecto.

Leonardo Álvarez, otro capitán de corbeta, admitió pagos indebidos por al menos 24 millones de pesos, pero declaró que notificó a Atanasoff y esperó que se le solicitara la devolución del dinero. Por su parte, Roberto Castro, destinado a una misión humanitaria en Colombia con sueldo financiado por un organismo internacional, también cobró en Argentina unos 54,5 millones, admitiendo ante sus superiores la irregularidad.

**El origen y detección de los sobresueldos**

Las investigaciones apuntan a que el reparto discrecional de estos sobresueldos comenzó en julio de 2022 o antes. Las autoridades establecieron esa fecha límite ante la ausencia de pagos millonarios irregulares detectados en junio de 2022. Sin embargo, no se descarta que hayan existido pagos